PARECE QUE ALGO SE MUEVE

Rafael Blasco Castany, político valenciano que ha estado en todos los gobiernos de su comunidad desde el origen de la autonomía valenciana, ha sido condenado a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad, o sea, por chorizo. Cabe destacar que, procediendo de la izquierda de más allá del PSOE, ha logrado estar en los gobiernos de cuatro presidentes autonómicos (tanto del PSOE como del PP), siendo consejero durante siete legislaturas, es decir, 28 años, aunque los lodos que le enfangan ahora derivan sólo de la época en que Camps el feo (el de los trajes gratis) fue presidente valenciano. Ello no quiere decir que no chanchulleara con anterioridad sino que, a raíz del caso Gurtel, han salido a la luz muchos de los tejemanejes que ha llevado a cabo durante su dilatada vida política. Junto a él han sido condenados ocho personas más de su órbita partidista y de poder.
Ocho años por la primera de las causas por la que ha sido juzgado. Tiene pendientes otras dos que pueden conllevar condenas similares, con lo cual ya puede darse por jodido. Aunque puede que nunca llegue a ingresar en prisión, la cuestión es que sólo con defenderse de lo que ya tiene y de lo que le puede caer tiene para pasar un muy mal y largo trago.
Camps el feo y Rita "la machota" se van salvando por los pelos. También Cotino y su red mafiosa familiar, pero ya hay otro político valenciano en el ojo de la justicia, el vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido imputado por el juez Castro en el caso Noos. Y como por el hilo se saca el ovillo, nada es descartable en los próximos meses.

En Baleares ocupan uno de los primeros puestos en condenas de corruptos. Veamos:
Han confirmado la segunda condena a Jaime Matas, como ya os conté el otro día. Es solo multa pero no deja de ser un reconocimiento de su actividad delincuencial y un antecedente penal más que añadir a los 9 meses de prisión que tiene pendientes de cumplir. Y aún le quedan muchos temas pendientes.
El Supremo ha confirmado seis años para la "prinsesa" Munar, que sumaría a los cinco que está cumpliendo, junto a sus excompañeros del partido pirata UM, Nadal y Vicens. Además tienen que devolver unos 12 millones de euros para empezar a hablar de arrepentimiento y colaboración con la justicia de cara a un posible pacto en los sucesivos juicios que aún les quedan.
Un ex consejero del gobierno de Matas, ibicenco, es decir de la isla de los piratas (¿verdad Matutes?), José Juan Cardona, ha visto ratificada por el Supremo la que hasta ahora es la mayor condena impuesta a un político por corruPPción: 16 años y devolución de más de cinco millones de euros.

En Cataluña también pintan bastos:
Gavaldá y Pallerols están en prisión tras ser condenados por la financiación ilegal del partido Unión Democrática de Cataluña, el partido del estirado Durán Lérida (aunque es de Huesca) quien, por cierto, dijo más de una vez que dimitiría si se comprobaba que su partido había sido financiado ilegalmente. Debe ser que en su idioma, el catalán, no hay diferencia entre legal e ilegal, porque si no no se entiende.

Los ahora presos sólo han sido condenados a 7 meses con lo cual, en base a la legislación penal española podrían beneficiarse de la remisión condicional que consiste en que para penas inferiores a dos años y no teniendo antecedentes penales previos no se entra en prisión salvo que se vuelva a ser condenado por otro tema. Pero el tribunal que los juzgó, la Audiencia de Barcelona, ha estimado que deben cumplir prisión a modo de ejemplo para otros personajillos en situaciones similares, como por ejemplo,  el citado Jaime Matas.
Montull y Millet, tambien catalanes, han sido condenados a un año de prisión y a una multa conjunta de 4'5 millones de euros por el caso "Palau de la Música", otro caso de corrupción y financiación ilegal de partidos que, curiosamente, vuelve a beneficiar a CiU.( ¿Por qué será?) Por cierto que Convergencia, el partido de Más el mesías, tiene la sede embargada para satisfacer las responsabilidades económicas derivadas de este caso. Pero de eso ni Más, ni Homs, ni Durán explican nada a los descerebrados que quieren ser independientes.
Seguimos en Cataluña, pero esta vez hablamos de banqueros, mejor dicho, de directivos de cajas de ahorro y más concretamente de Caja Penedés. Esta entidad, prácticamente quebrada como casi todas las pequeñas, destinó más de 30 millones de euros a indemnizar y a dotar fondos de pensiones para sus cuatro máximos directivos justo antes de integrarse, junto a otras cajas, en lo que ahora se conoce como Banco Mare Nostrum (BMN). Estos cuatro directivos han sido juzgados, muy rápidamente por cierto, por delito societario y administración desleal, o sea, por corrupción choricera en lengua vulgar. Las peticiones del fiscal eran de más de tres años para cada uno de ellos y lo debieron ver negro, porque con tres años de condena no se libraban de la cárcel. Tan negro lo debieron ver que quisieron llegar a un acuerdo por el que devolviendo el dinero cobrado, cantidad que finalmente ascendía a 28 millones de euros (alguno de ellos aún no había cobrado entero el finiquito), pudieran salir de rositas. Pero el tribunal juzgador les advirtió de que para llegar a un acuerdo judicial lo primero que tenían que hacer era declararse culpables en el juicio. Y así lo han hecho, murmurando, en voz muy queda y con la boca pequeña, los cuatro ex de la caja se han declarado culpables de los cargos que se les imputaban y resolverán el tema con un año de cárcel por cabeza y la devolución de esos 28 millones.Parece ser que nadie, ni fiscalía, ni acusación particular, exigirá que pisen la cárcel, pero la mancha ahí queda y el dinero vuelve al lugar de donde nunca debió salir, a manos de los ahorradores. Aunque luego se jacten de que no fueron a prisión, técnica y oficialmente podemos prescindir ya de la presunción y llamarles directamente DELINCUENTES.

Y es que el chalaneo de la justicia es la leche como os voy a demostrar con un ejemplo: Un juzgado de Mallorca cuya titular es la esposa del ex comunista, ex socialista y ex diputado Pablo Castellano dictó hace poco un auto de apertura de juicio oral por el tema de la construcción de una mierda de carretera-autovía entre Palma y Manacor cuyo precio final se había inflado descaradamente. Unos quisieron hacer una autovía entre las ciudades más importantes de la isla, hasta entonces comunicadas por una carretera tercermundista, pero las presiones de los rojiverdes dieron al traste con esa opción y se recurrió a un desdoblamiento de la vía que se pagaría mediante peaje en la sombra. El resultado es que es una carretera de dos carriles por sentido pero que, entre origen y destino (unos 50 kilómetros) tiene no menos de 12 rotondas, porque así, según los defensores del territorio y la naturaleza, se consumía menos territorio. El peaje en la sombra consiste en que la constructora cobra un tanto fijo y un variable en función del número de vehículos que circulan por ella. El tema, judicialmente, es conocido como "Caso peaje".
La obra fue llevada a cabo bajo un pacto (de "progreso", se llamaba, ¡qué risa!) entre socialistas, independentistas y el partido pirata UM,l y las irregularidades detectadas en su construcción, aparte del sobreprecio son mil y una.
Bueno pues acabada la fase de instrucción judicial, la juez y el fiscal califican los hechos como falsedad, fraude, malversación y cohecho, lo cual conlleva que puedan ser juzgados por un jurado popular y así lo tramitan. Pero los abogados defensores de los múltiples encausados (Mª Antonia Munar entre ellos) dicen que no es posible que los hechos se juzguen por tribunal popular porque puede ser muy perjudicial para sus clientes. Entonces la juez dice que la única vía para que sea juzgado por un tribunal profesional de jueces es que se incluya entre los hechos a acusar otro delito: la prevaricación, hecho castigado más severamente que los otros. Y así, pregunta a los acusados y a sus respectivos abogados defensores quienes de ellos cometieron prevaricación, porque si hay alguno el juicio ya no sería con jurado popular. Curiosamente, ninguno se atribuyó dicho delito.
Así que, ahora, a por ellos y, sobre todo, que devuelvan el dinero que tanta falta nos hace.

SALUDOS